- La nueva instrucción supone una modificación encubierta del contrato que reduce en 1,2 millones de Euros el presupuesto del servicio, lo que afectará gravemente a la limpieza de la ciudad, obligando al despido de trabajadores y una reducción drástica de las contrataciones temporales.
SABADELL, 18 DE JUNIO DE 2018 | El pasado 31 de mayo el Ayuntamiento de Sabadell comunicó a la empresa su decisión de imponer desde el 1 de junio una nueva instrucción técnica de facturación. Dicha decisión unilateral se desmarca de la posible decisión judicial que pudiera adoptarse en el recurso que ante los juzgados contencioso-administrativos ha interpuesto la empresa.
De hecho, la gravedad de la decisión es mayor en cuanto la nueva instrucción impuesta ha sido modificada respecto de la original que en su día informó el Ayuntamiento. En esta nueva versión no sólo se suprimen todos los servicios que desde el 2012 los servicios técnicos habían ido incluyendo en el catálogo de servicios que se prestan, sino que, además, se eliminan todos los servicios que inicialmente si que estaban en dicho catálogo a fecha 1 de agosto de 2012, y que fueron sustituidos por estos otros, por responder más adecuadamente a las necesidades y evolución de la ciudad conforme siempre los criterios e instrucciones de los servicios técnicos municipales y sin superar, en ningún caso, el precio indicado en la oferta económica ni el presupuesto anual asignado por el Ayuntamiento.
Esto se traduce en un dato tan escandalosamente ilógico e irracional como que el presupuesto anual del servicio se reduzca en 1,2 millones de Euros, lo cual se traducirá inevitablemente en una merma sustancial de la calidad del servicio, en despidos de trabajadores, así como en la reducción de forma inmediata en más de 100 contrataciones temporales previstas para los próximos meses de julio y agosto.
Pero si lo anterior es de extrema gravedad, dadas sus consecuencias tanto para los ciudadanos como para los trabajadores, no deja de ser fuera de cualquier procedimiento legal que se utilice una instrucción técnica para modificar “por la puerta de atrás” un contrato vigente. La ley es clara al respecto, y dada la naturaleza e importe de los cambios, exige llevar a cabo el procedimiento de modificación contractual que se define expresamente en el marco normativo aplicable.
Otra de las consecuencias que nos tememos es que van a buscar, bajo el pretexto de la nueva instrucción, el dar un salto de 30 días en el pago de la factura prevista para finales de julio, buscando el ahogo económico de la empresa en unos meses especialmente exigentes desde el punto de vista de las obligaciones de pago, dado que coincide la paga extraordinaria de verano con las contrataciones temporales de los meses de julio y agosto. A esta asfixia económica se ha sumado el burdo procedimiento para exigir el pago a la empresa de 3,5 millones de euros a través de tres recibos remitidos por la agencia tributaria del Ayuntamiento con vencimiento para el próximo 20 de junio, en concepto de unas supuestas liquidaciones de los ejercicios 2014, 2015 y 2016, y que se encuentran en el marco de unos expedientes administrativos que han sido recurridos por SMATSA ante los juzgados, habiéndose solicitado las pertinente medidas cautelares, y que en consecuencia no puede entenderse la ejecutividad inmediata del pago por parte del Ayuntamiento.
De hecho, esta actuación, la enclavamos dentro del plan perfectamente orquestado por ciertas personas del Ayuntamiento de Sabadell, bajo la batuta del asesor municipal Jordi Colomer, y que fundamenta el contenido de la querella criminal presentada en julio de 2017 y que ha traído como consecuencia la citación a declarar como investigados por un presunto delito de prevaricación del Alcalde y el asesor, además de otras 6 personas entre regidores y técnicos de confianza del equipo de gobierno.
Llevamos ya casi dos años respondiendo a esta estrategia de acoso y derribo, donde a pesar de nuestra reiterada disposición al diálogo, éste se nos ha negado en todo momento. Seguiremos prestando nuestro servicio con total compromiso, ya no sólo por la mera obligación contractual sino por la vinculación de casi medio siglo con la ciudad de Sabadell. Por otra parte, la defensa de nuestra posición ante los diferentes ámbitos judiciales, no sólo responde a nuestros intereses legítimos, sino que vistas las últimas actuaciones del equipo de gobierno, busca preservar la calidad del servicio y la defensa de todos los puestos de trabajo de las casi 400 personas que trabajan en SMATSA.